El TSJA falla a favor del contribuyente y anula la plusvalía cuando hay ventas sin beneficio

Plusvalía Málaga

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ha sumado a la postura que ya antes marcaron los máximos órganos judiciales de otras comunidades autónomas respecto al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía: si no hay beneficio en la venta de un inmueble, no hay hecho imponible que justifique el cobro del gravamen.

Se trata de una decisión muy esperada por los centenares de malagueños que se están planteando reclamar judicialmente la anulación de la plusvalía a raíz de sentencias como la que recientemente daba la razón a un vecino de Fuengirola y condenaba a este ayuntamiento a devolverle los casi 5.000 euros que le cobró en concepto de IIVTNU.

«No hay hecho imponible»

El TSJA cita las sentencias de los tribunales homólogos de Cataluña, Valencia y Madrid que ya han declarado ilegal el cobro de la plusvalía cuando el vendedor sufre una pérdida, concluyendo: «Compartimos el mismo criterio». Y, negando a la Diputación de Sevilla el argumento de que la Ley de Haciendas Locales regula así el gravamen, concluye: «No se dio el hecho imponible, por lo que el recurso de apelación debe desestimarse».

«Estamos ante un asunto que afecta a muchísimos particulares, pero también a empresas. La plusvalía no sólo se paga cuando se vende un inmueble, sino en herencias o incluso en reorganizaciones societarias: si una empresa traspasa un terreno a una filial y ésta no es de la misma rama de actividad, hay que pagar el impuesto», explica López Avellaneda.

La cuestión que se plantean muchos juristas y los propios afectados es: ¿tiene sentido mantener un sistema de cálculo de un impuesto que está siendo declarado ilegal por cada vez más tribunales? Hasta ahora el Ministerio de Hacienda no se ha pronunciado al respecto, aunque previsiblemente tendrá que hacerlo si el Tribunal Constitucional declara que la plusvalía, tal y como está planteada, atenta contra el artículo 31 de la Constitución, que consagra el principio de capacidad económica.